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Presidente de la Corte rompe con el Gobierno: ‘La conmoción en Catatumbo es premio a la negligencia
En una postura contundente que sacudió el panorama político y judicial del país, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, lanzó una crítica sin precedentes al Gobierno Nacional, señalando que el uso de la figura de conmoción interior en el Catatumbo no solo es improcedente, sino que constituye un «premio a la negligencia». Su pronunciamiento se dio en el marco del salvamento de voto frente a la decisión mayoritaria de la Corte que avaló parcialmente el Decreto 62 de 2025, mediante el cual el Ejecutivo declaró la conmoción interior en esa región fronteriza.
Lejos de ser una observación técnica o protocolaria, el documento de ocho páginas firmado por Ibáñez se convirtió en un análisis demoledor de la gestión gubernamental en materia de seguridad, implementación de políticas públicas y el uso de mecanismos constitucionales. La crítica no deja espacio para interpretaciones: Ibáñez considera que el Gobierno de Gustavo Petro ha fallado en su deber de garantizar el orden y ha recurrido a poderes excepcionales para encubrir esa omisión.
Un diagnóstico estructural del conflicto
El primer argumento del magistrado Ibáñez fue categórico: la crisis en el Catatumbo no es una emergencia coyuntural ni reciente. Se trata, en sus palabras, de un conflicto estructural y prolongado, alimentado por la inacción del Estado a lo largo de décadas. Pero, además, subraya que el actual Gobierno no solo ha continuado esa omisión, sino que la ha profundizado.
El presidente de la Corte advierte que el uso del estado de excepción en este contexto constituye un “abuso del orden constitucional”, pues no se está reaccionando a un hecho sorpresivo, sino institucionalizando la inacción gubernamental. De acuerdo con su análisis, la violencia no se ha agravado por circunstancias inevitables, sino por la renuncia del Estado a cumplir con sus deberes esenciales.
Ibáñez afirma que el Ejecutivo prefirió utilizar la herramienta de la conmoción interior como atajo, en lugar de actuar a través de los canales ordinarios que la Constitución y la ley le brindan. Según él, esta decisión busca revestir de legalidad una estrategia fallida que debilitó la presencia institucional en zonas altamente vulnerables.
Una decisión que favorece el desgobierno
El magistrado va más allá y plantea que el decreto presidencial no responde a la urgencia de los hechos, sino a una maniobra política para asumir poderes legislativos sin justificación real. “Basta con no actuar para autoatribuirse facultades extraordinarias”, sentencia Ibáñez.
Esta declaración se apoya en múltiples informes de entidades como la Policía Nacional, el Ejército y la Defensoría del Pueblo, que desde meses atrás venían alertando sobre el recrudecimiento del conflicto armado en municipios como Teorama, Hacarí, Cúcuta y González. Pese a ello, el Gobierno optó por no intervenir con medidas efectivas a tiempo.
Políticas públicas ausentes
En su segundo argumento, Ibáñez apunta a la fallida implementación de políticas públicas claves como una de las raíces del caos actual. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), una de las iniciativas prioritarias del Acuerdo de Paz, ha tenido un avance mínimo en el Catatumbo. Esta ausencia de acción no solo ha perpetuado la exclusión y la pobreza, sino que ha permitido el afianzamiento de economías ilegales y grupos armados en la zona.
Además, el magistrado señala deficiencias estructurales en sectores esenciales como salud y educación, lo que ha dejado a las comunidades abandonadas y expuestas a dinámicas de violencia y control territorial por parte de actores ilegales.
Paz Total: ¿una promesa fallida?
Ibáñez no escatima palabras al referirse a la política de “paz total”, una de las banderas del actual Gobierno. Desde su perspectiva, esta estrategia no solo ha fracasado en su propósito de desescalar el conflicto, sino que ha tenido el efecto contrario: debilitar la acción del Estado y facilitar la expansión de los grupos armados.
“El deterioro del orden público es consecuencia directa y verificable de una política que desmovilizó institucionalmente al Estado”, afirma Ibáñez, quien sostiene que limitar la acción de la Fuerza Pública en zonas críticas fue un error estratégico cuyas consecuencias hoy intenta remediar el Gobierno mediante la declaratoria de estados de excepción.
Una respuesta tardía y fuera de lugar
En su cuarto y último argumento, el presidente de la Corte califica la declaratoria de conmoción interior como una respuesta tardía e inconstitucional. A su juicio, el Gobierno no puede justificar su inacción pasada con medidas extraordinarias, cuando tuvo —y aún tiene— a su disposición herramientas legales ordinarias para hacer frente a la situación.
“Catatumbo no necesita más medidas excepcionales. Necesita acción estatal efectiva. Necesita que el Presidente gobierne”, concluyó Ibáñez, quien hizo un llamado al Ejecutivo para abandonar el recurso a lo extraordinario y asumir su responsabilidad constitucional.
Un golpe a la narrativa oficial
Las palabras del presidente de la Corte Constitucional tienen un peso institucional enorme y podrían marcar un antes y un después en el debate sobre la seguridad en Colombia. Más allá del pronunciamiento legal, se trata de una señal política que desmonta la narrativa oficial y cuestiona la efectividad de las estrategias implementadas por el Gobierno.
El salvamento de voto de Jorge Enrique Ibáñez no solo refleja una fractura dentro de la Corte, sino que también podría convertirse en un punto de referencia para futuras revisiones de la política de seguridad, la implementación de los acuerdos de paz y la relación entre el Ejecutivo y las instituciones de control.
En un país que ha vivido por décadas en medio del conflicto armado, la advertencia es clara: no se puede gobernar mediante excepciones permanentes. El camino sigue siendo la acción efectiva, la institucionalidad y el cumplimiento de los deberes constitucionales.
